Carta abierta a la LXII Legislatura del Congreso del Estado de Jalisco



Todos los congresos del país tienen entre sus atribuciones la designación de distintos cargos públicos. Dicha facultad está establecida constitucionalmente en su carácter de Poder Público soberano. El Congreso de Jalisco tiene la potestad para designar diversos cargos públicos para la integración del Poder Judicial del Estado, tanto de magistraturas del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, como de consejeros del Consejo de la Judicatura, instancia que funciona como órgano interno de control y administración del Poder Judicial del Estado de Jalisco.

 

El pasado 19 de junio del presente, el Pleno del Congreso del Estado de Jalisco nombró a tres miembros del Consejo de la Judicatura en una sesión extraordinaria que desconoció procedimientos y fases establecidos en las propias convocatorias aprobadas. Este acto alevoso generó una amplia condena de la sociedad civil en voz de las principales universidades, barras de abogados, organizaciones ciudadanas, líderes de opinión, organismos empresariales, medios de comunicación, entre muchos otros actores de la vida pública de Jalisco que han expresado su desacuerdo con la controvertida designación.

 

Jalisco es pionero en muchos ámbitos del desarrollo democrático y de la rendición de cuentas en el país. Actualmente, Jalisco cuenta con una de las leyes de transparencia y acceso a la información pública más exigentes del país y con uno de los sistemas estatales anticorrupción más vigorosos de la República. Paradójicamente, Jalisco es uno de los estados más rezagados en Estado de derecho e impartición de justicia, según diversos estudios e índices nacionales.

 

Por ello, una amplia coalición plural de actores locales impulsa una reforma al Sistema Estatal Anticorrupción (conocido localmente como Reforma 2.0) que aún está en discusión en el Congreso del Estado. Dicha iniciativa legislativa contempla, entre otros aspectos, una ley de designaciones públicas que, de aprobarse, pondría a Jalisco a la vanguardia en temas como la correcta integración de organismos autónomos y Poderes Públicos. Tal iniciativa se fundamenta en instaurar procedimientos de designaciones públicas sobre la base de capacidades, méritos y trayectorias públicas íntegras.

 

Jalisco merece un Consejo de la Judicatura que esté a la altura de las circunstancias que demandan los mejores perfiles para lograr una justicia abierta. La LXII Legislatura debe rendir cuentas explicando cuales fueron las razones para vulnerar el proceso establecido en las convocatorias. Exigimos que las y los legisladores locales de Jalisco se apeguen a lo dispuesto en la Constitución, las leyes y su propia convocatoria en todos los nombramientos (las nueve magistraturas, la consejería

 

 

del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales, la Comisión de Selección del Comité de Participación Social y su respectivo miembro) que habrán de realizarse este mismo año.


Quienes firmamos esta carta buscamos lo mejor para el país y para el estado. Por ello, instamos a los representantes populares para que en las sucesivas designaciones sean nombrados perfiles cuya trayectoria sea indicativa de una transformación profunda del Estado de Derecho como la que demanda la sociedad. 

 

 


 



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