El Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción hace el siguiente pronunciamiento público:

 

Derivada de la crisis por el Covid-19, el estado de Jalisco enfrenta una situación compleja e inédita que requiere decisiones extraordinarias para hacer frente a la pandemia y para reactivar la economía local.

A solicitud del Gobierno del Estado, el Congreso del Estado de Jalisco aprobó la contratación de deuda por 6 mil 200 millones de pesos. Para la asignación de la deuda contraída y para su ejecución en proyectos de infraestructura y obra pública, la Mesa Inter Institucional para la Reactivación Económica de Jalisco ha anunciado la instalación de un comité de vigilancia.

Por tratarse de un monto de deuda sin precedentes, tanto su asignación como su ejecución debe hacerse bajo los estándares más altos de transparencia y apertura para el correcto uso y destino de los recursos extraordinarios, evitando posibles desvíos y malos manejos. Por el monto y la premura, los riesgos de corrupción aumentan, por lo que es necesario un esfuerzo igualmente extraordinario para evitarlo.

 La corrupción sigue siendo el segundo problema más preocupante entre los jaliscienses, solo por debajo de la inseguridad. Según datos de la Encuesta Nacional Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Información (INEGI), tanto la prevalencia como la incidencia de la corrupción en Jalisco sigue siendo alta. Si bien la percepción de la corrupción tuvo una ligera mejoría, la mayoría de los jaliscienses siguen percibiendo una alta corrupción en los gobiernos estatal y municipales.

 En el CPS consideramos que la asignación de la deuda aprobada en los diferentes rubros y regiones debe hacerse con criterios abiertos, objetivos y consistentes que justifiquen plenamente las decisiones de asignación. Desde el CPS también consideramos que, una vez asignada la deuda, los proyectos de infraestructura y obra pública deben ser vigilados y evaluados con criterios rigurosos y técnicos, con independencia para asegurar que que la ejecución del gasto tenga el mayor impacto posible en el desarrollo del estado.

Tanto la asignación puntual de la deuda, como su ejecución en proyectos específicos debe ser ajena a criterios políticos, partidistas y de grupos de interés, en tanto que se trata de deuda pública que deberá ser pagada por todos los jaliscienses, no solo por el gobierno. 

 En ese sentido, en el CPS proponemos que el mecanismo multi-actor de vigilancia y seguimiento de obra pública suscrito por el Gobernador del Estado, los Presidentes Municipales metropolitanos, y el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales (Itei), así como por los testigos sociales como las universidades locales (Universidad de Guadalajara e ITESO), las asociaciones empresariales (Cámara Nacional de la Industria de la Construcción capitulo Jalisco, Consejo Empresarial de Comercio Exterior de Occidente), los gremios de profesionistas (Colegio de Ingenieros de Jalisco), think-tanks (Cost, Mexico Evalua y Trasnversal) y el propio CPS, sea la instancia que se adopte para dicho propósito.

La corrupción no solo se debe sancionar por hechos consumados, sino que también debe prevenirse antes de que pudiera ocurrir. En ese sentido, desde el CPS consideramos que el mecanismo de vigilancia de la Mesa Inter Institucional para la Reactivación Económica debe basarse en el mecanismo ya existente, ampliarse a otros actores independientes y darle las competencias necesarias para asegurar el buen uso de la deuda pública. Estamos convencidos de que para que una decisión tan trascendental como la adquisición de deuda pública sea la correcta, debe incorporar instancias independientes de representación ciudadana como el CPS del Sistema Estatal Anticorrupción.

Por tanto, el CPS recomienda:

1. Reactivar el mecanismo multi-actor existente para vigilar la asignación de la deuda y su ejecución en obra pública.

2. Ampliar el mecanismo incorporando actores relevantes e independientes para vigilar la deuda y su debida aplicación.

3. Habilitar un micrositio de transparencia proactiva que integre toda la información del crédito aprobado por 6,200 mdp para su consulta pública.


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