CPS envía a Alfaro solicitud de veto parcial a la Ley Orgánica de la Fiscalía


El Comité de Participación Social pide no quitar atribuciones de autonomía a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y evitar una nueva estructura orgánica vertical, onerosa, ineficiente y cerrada a la participación de ciudadanos.

Esta mañana el Comité de Participación Social (CPS) entregó a través del Fiscal General, Gerardo Solís, y el titular de la Consejería Jurídica de la Secretaría General de Gobierno, Adrián Talamantes, una solicitud dirigida al Gobernador con recomendaciones para solicitar el veto parcial a la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General aprobada el pasado 4 de diciembre por el Congreso de Jalisco.

En el documento entregado también al presidente y al vocal de la Comisión de Seguridad y Justicia del Congreso de Jalisco, Enrique Velázquez y Héctor Pizano, presentes en la reunión, el CPS recomendó mantener sin ningún cambio los artículos 22-A, 22-B y 22-C que regulan la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, fruto de las mesas interinstitucionales de implementación del Sistema Estatal Anticorrupción.

El CPS señaló que desde su aprobación el 31 de octubre de 2017 esta reforma fue polémica por dos de los puntos suprimidos en la última reforma del 4 de diciembre:

  1. El primero detalla el proceso para la elección del Fiscal Especial en Combate a la Corrupción, el mismo que indica el artículo 53 de la Constitución de Jalisco, a través de el lanzamiento de una convocatoria pública, la participación de tres instancias (el CPS, el Gobernador y el Congreso), y la insaculación para evitar el bloqueo en caso de que el Congreso no elija en el plazo o ningún aspirante alcance la votación requerida.
  2. El segundo especifica que la autonomía de la Fiscalía Anticorrupción no solo es técnica y operativa, sino de gestión, administrativa y presupuestal, con atribuciones como poder investigar directamente al Fiscal General, nombrar a su personal sin intermediación o decidir sobre el destino de los recursos que le son asignados.

El CPS solicitó también al Gobernador que emitiera observaciones hacia las disposiciones que pudieran impedir la implementación de los puntos mínimos de #FiscalíaQueSirvaJalisco. Los integrantes del Comité señalaron que estas observaciones, a través del veto parcial a los artículos 1, 2, 7 y 8, tendrían que buscar tres cosas:

  1. Evitar la creación de una nueva estructura orgánica, vertical y onerosa presupuestalmente, que divide los esfuerzos institucionales en la investigación, la persecución de delitos y en el ejercicio de la acción penal ante los tribunales. El CPS especificó que se debe mantener la estructura actual sólo separando la Comisaría de Seguridad Pública para llevarla al área de seguridad.
  2. Evitar que el Servicio Profesional de Carrera dependa del titular de la Fiscalía y de funcionarios de alto nivel, y que el principio de jerarquía esté basado en la lealtad y obediencia en vez de la responsabilidad y la rendición de cuentas.
  3. Evitar que el Plan Estatal de Persecución Penal, llamado en la ley “Programa Estatal de Procuración de Justicia”, se genere sin la participación de ciudadanos y especialistas en la definición de las prioridades de la Fiscalía.

De acuerdo con el artículo 33 de la Constitución de Jalisco, el Gobernador tiene la facultad de enviar sus observaciones a un proyecto de ley aprobado por el Congreso dentro de los 8 días posteriores a su aprobación. Tanto el Fiscal como el Consejero Jurídico se comprometieron a acompañar un proceso de reformas a la Fiscalía que pudiera realizarse de manera progresiva.

Los diputados Velázquez y Pizano, por su parte, se comprometieron a través de una reforma legislativa a regresar de inmediato las atribuciones de autonomía a la Fiscalía Anticorrupción y a entregar una ruta que especifique los plazos para concretar el resto de las modificaciones a la ley para el adecuado funcionamiento de la Fiscalía General.

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