El papel de las universidades en el proceso para la elección de consejeras y consejero del Consejo de la Judicatura de Jalisco



En las convocatorias publicadas por el Congreso del Estado el 24 de abril para la elección de dos consejeras y un consejero del Consejo de la Judicatura, en la base Cuarta, apartado segundo “De la Evaluación” dice que: La Comisión de Seguridad y Justicia solicitará el apoyo de la UdeG, UP, Univa, UAG, ITESM campus Guadalajara e ITESO, para el diseño, aplicación y calificación de la evaluación teórica y práctica. La participación de las universidades se redujo a:

·      La formulación de 100 reactivos, por universidad, de opción múltiple con hasta tres alternativas de respuesta, en un plazo de cuatro días. Un plazo muy breve.

·      Cuatro horas antes de la hora programada para la aplicación del examen, las y los representantes de universidades fueron citados para que integraran sus preguntas en una base de datos en Excel, para que, de ahí, a través de un algoritmo, se escogieran los 100 reactivos para el examen. En este procedimiento no se consideró un proceso de control de calidad, que permitiera a las universidades ya sea: 1) Revisar los 100 reactivos de cada universidad o al menos, 2) Revisar los 100 reactivos que se escogieron para el examen.

El proceso de selección aleatoria asegura transparencia, pero no calidad. El algoritmo elige preguntas que no se encuentran repetidas, pero también descarta preguntas básicas de mayor pertinacia y claridad.

·      La convocatoria establecía que las universidades debían calificar los exámenes aplicados al momento con una plantilla de respuestas preestablecidas y autorizadas por las Universidades; la cual nunca existió.

·      Un examen de 100 preguntas de opción múltiple basadas en un temario que debía estar soportado únicamente en leyes positivas dio lugar a un tipo de examen literalista de la ley donde la capacidad memorística del candidato fue lo primordial. No fue una prueba que permitiera revisar habilidades y competencias fundamentales del cargo. Es decir, la experiencia académica de las y los invitados no jugó ningún papel en el diseño de un examen susceptible de evaluar las competencias de una persona para llevar a cabo los deberes internos de la profesión de consejera o consejero.

·      La Comisión de Justicia decidió que la revisión del examen por parte de aspirantes fuera presencial, arriesgando tanto a aspirantes como a evaluadores al contagio por COVID 19 y a lxs últimxs somentiéndolxs a un proceso desgastante sin necesidad alguna. La revisión pudo ser a distancia y por escrito, de tal suerte que los evaluadores, pudieran revisar juntxs cada caso y elaborar criterios que les permitieran resolver los problemas de diseño y aplicación del examen. Por si fuera poco, la revisión no fue sobre las preguntas elaboradas por cada representante de universidad, sino que les tocó defender cuestionamientos sobre preguntas elaboradas por otras personas.


Las universidades, que con la mejor voluntad decidieron apoyar el proceso de elección de las consejeras y el consejero para que se eligieran a las personas con mérito y capacidad, debieron participar desplegando sus conocimientos académicos, de acuerdo con lo que dice la ley, lo cual no se logró por que las convocatorias limitaron su participación y la logística no fue la mejor para conseguir los objetivos que se planteaban.

En el CPS reconocemos el trabajo y el compromiso de las universidades y no estamos de acuerdo con la forma en la que fue instrumentalizada su participación y sobre todo, nos preocupa que, poniendo en entredicho su participación en este tipo de procesos, se opte por retroceder en el tiempo en que las y los diputados nombraban discrecionalmente. 


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